Publicado en Plaza de Armas el 24 de Octubre de 2011
Con el fin de poder dimensionar la magnitud del problema de
inseguridad que vive el país, se han hecho diversos esfuerzos de medición,
tanto de instancias oficiales como de instituciones privadas, nacionales e
internacionales, algunas focalizadas en una región o en un tipo de delito,
otras enfocadas a tener un panorama lo más amplio posible de las actividades
delictivas en el país.
Estas cifras pueden tener diversas imprecisiones, tanto por
la identificación misma de los delitos (de acuerdo a la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011 que genera el INEGI, los
ciudadanos denunciamos sólo el 12.3% de los delitos del fuero común), como por
la precisión y oportunidad de la información que generan las procuradurías
sobre los delitos del fuero común y del fuero federal. A pesar de estas
limitaciones, los datos de las distintas fuentes reflejan un panorama muy
similar: una gran heterogeneidad de frecuencia de actos delictivos en el país,
por lo que tenemos zonas con niveles muy bajos para los estándares
internacionales, así como otras zonas (principalmente Estados del Norte y de la
costa del Pacífico) que tienen de las tasas más altas en el mundo. Por ejemplo,
en un estudio desarrollado por la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas para
las Drogas y el Crimen), basado en cifras oficiales, el 41% de los homicidios
en el 2010 se concentró en 4 Estados que conforman sólo el 11% de la población.
Además, dentro de estos 4 Estados (Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Baja
California), existen zonas con tasas más altas de concentración aún, como el
hecho de que en Ciudad Juárez se hayan cometido dos terceras partes de los
asesinatos de Chihuahua o que en Tijuana ocurrieron tres cuartas partes de los
asesinatos de Baja California. Esto hace que mientras algunas autoridades
puedan “presumir” una tasa de homicidios en el país en un rango medio para
estándares internacionales, tengamos situaciones en algunos Estados y
Municipios que nos alarman como población, no sólo de esos entornos, sino en
todo el país.
Más allá de la dificultad para medir con precisión los
niveles delictivos, tenemos las realidades económicas negativas que la realidad
y la percepción de inseguridad han generado en el país, tanto a nivel
empresarial como en los hogares. Analicemos estos datos desde tres
perspectivas: la primera es la de los dólares ingresados por viajeros
internacionales, como lo contabiliza el Banco de México; de acuerdo a esta
cuenta, este año se han recibido 305 millones de dólares menos de Enero a
Agosto comparado con el mismo periodo del año anterior, principalmente por una
caída de los dólares ingresados por turistas, pero también por una caída de los
dólares que ingresan los que visitan el país por crucero y de los viajeros
fronterizos que no pernoctan en el país. El único concepto que ha tenido una
pequeña mejora es el de los viajeros fronterizos que sí pernoctan.
Evidentemente, entra la discusión de si la caída de ingresos es por la
inseguridad o por los problemas económicos mundiales, pero cuando vemos que el
turismo en el mundo estaba creciendo en el primer semestre a tasas cercanas al
5%, sólo hay 2 explicaciones: o es la inseguridad, o es una incapacidad
estructural de promover el turismo en el país. Ninguna de las 2 da consuelo.
La segunda perspectiva es la empresarial en general. De
acuerdo a un estudio de la American Chamber of Commerce realizado en más de 500
empresas a nivel nacional, a finales del año pasado y principios de éste, un 8%
contestó que ha considerado trasladar sus operaciones a otro país debido al
entorno de inseguridad; de igual forma, 27% ha reconsiderado su inversión en
México (mismo porcentaje que el año pasado). En un estudio más amplio, de 1,100
empresas, Banco de México realizó un estudio en Diciembre del año pasado donde
identificó que 68% de las empresas en el norte del país han sido afectados por
la inseguridad; la tasa más baja fue en el sur, pero aún ahí, la tasa de
afectación es de cerca del 50%. Estas afectaciones se refieren a robo de
mercancías, pérdida de negocios futuros o inversiones, disminución de ventas,
inseguridad del personal e incremento del gasto en seguridad entre otros.
Aunque existen diversas estimaciones del costo provocado por la inseguridad en
las empresas (que van del 1% al 15% del PIB), con estos datos por lo menos es
clara la amplitud en la que los negocios se ven afectados.
La tercera perspectiva es la de los hogares. En la misma
encuesta de INEGI citada al inicio de esta columna, se identificaron 2 datos
muy preocupantes: el primero es que 36% de los hogares han tenido alguna
víctima de delito del fuero común en el año pasado; es decir, 10.6 millones de
hogares en el país cuentan con algún hecho delictivo cometido a alguno de sus
miembros. La otra cifra es que como consecuencia de esta percepción de
inseguridad, 10 millones de hogares han hecho alguna adaptación como medida de
seguridad. Estos 2 datos, tanto el daño patrimonial por los delitos de que
fueron objeto como el gasto en medidas preventivas, representan un total de 211
mil millones de pesos. Es decir, en promedio, ¡uno de cada 3 hogares del país
tuvo un impacto negativo por $21,000 pesos por temas de seguridad en el 2010!
Por todo esto vemos que además del alto costo social que
tiene el tema de inseguridad, a pesar de lo focalizado que pudiera estar
estadísticamente en algunos de sus rubros, tiene también un alto costo
económico que hace más complejo el entorno empresarial y familiar. Por
supuesto, habrá quien diga que en vez de ver el vaso medio vacío habría que
verlo medio lleno, y que esto representa una gran oportunidad de negocios como
se ha visto con el crecimiento de las empresas dedicadas a temas de seguridad;
pero si lo vemos en un contexto más amplio, los beneficios que esa oportunidad
muy focalizada puedan tener palidecen ante los costos involucrados.
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